La Conferencia Internacional sobre Venezuela que convocó el presidente colombiano Gustavo Petro en Bogotá, fue para muchos un éxito político, no solo por las 20 cancillerías que participaron, sino también por congregar a los países que diseñaron o apoyaron la arquitectura sancionatoria contra Venezuela. Y el mayor logro fue cambiar el enfoque oficial de estas naciones al respecto.

Quienes asistieron al encuentro han sido fundamentalmente las cancillerías de países de Norteamérica, de Europa y del Grupo de Lima que fomentaron el fracasado interinato del dirigente político Juan Guaidó y todo el relato contra el gobierno venezolano. Ahora se congregaron en Bogotá para desactivar su propia política belicosa.

El actor clave asistente fue el gobierno estadounidense, representado en la cita por el director para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Juan González; el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, el exsenador Chris Dodd; y el número dos en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Jon Finer.

El giro lingüístico en la conferencia

Lo notable de la cumbre fue el giro lingüístico en comparación con los años en los que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dictaba la agresividad discursiva de todo Occidente sobre Venezuela.

Uno de los más fervientes promotores del interinato de Guaidó, la Unión Europea, se hizo presente por medio de su representante para la política exterior, Josep Borrell, quien afirmó que “es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones”.

Entre las cancillerías que se hicieron presentes, además de la estadounidense y la europea, destaca Portugal, Reino Unido y Canadá, países en los que están represados fondos del Estado venezolano y que deben ser descongelados para cumplir con el acuerdo firmado por el gobierno y la oposición en México en noviembre pasado, y poder proseguir las negociaciones.

El evento contó la presencia de actores claves en el tema financiero, diplomático y político, quienes podrían impactar de manera favorable en el estancamiento actual de las negociaciones.

La declaración final de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, acordada por los países participantes y leída por el canciller colombiano Álvaro Leyva, refiere que “los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones”.

Retiro de sanciones sobre Venezuela 

Como ya lo adelantaba Borrell a la llegada de la cumbre y, como lo anticipó Juan González en la postrimerías de la reunión entre Petro y el presidente Joe Biden la semana pasada, la narrativa actual sobre Venezuela ya no se basa en pedir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, ni en promover levantamientos o golpes de Estado, como el ocurrido en abril de 2019, sino en desmontar el conflicto, asumiendo sus sanciones como un promotor de éste.

Por el momento, estamos en presencia de un discurso diplomático que aún no ha tenido impacto ni en los bancos que tienen represados el dinero (Banco de Inglaterra, Novo Banco de Portugal, Banco de la Reserva Federal en Nueva York, entre otros), ni en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ni tampoco en la Casa Blanca. A pesar del discurso autocrítico del funcionariado occidental, ninguno de estos entes ha revertido el grueso de las medidas contra Venezuela.

El escenario pareciera por la inacción de la Administración de Biden, que existe la intención de que las próximas presidenciales en Venezuela, previstas para 2024, vayan sin un acuerdo político previo, incluso cuando esto frustraría las expectativas que se han generado en sus aliados de oposición, que necesitan negociaciones firmes para obtener condiciones de cara a las presidenciales de 2024.

La continuación del documento acordado en Bogotá esta semana es clave para entender el pedimento concreto de la Conferencia y es que “la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del fondo fiduciario único para inversión social en Venezuela”.

Se trata, con esto, de reanimar el espíritu del segundo acuerdo firmado en México y que ha sido bloqueado desde Washington debido a su negativa de permitir la liberación de los fondos retenidos, lo que era el punto más importante convenido en la mesa de diálogo.

No será hasta los próximos días en los que se sepa si la Casa Blanca, quien tiene la última palabra, impulsará definitivamente el acuerdo de México y respetará la declaración de Bogotá para destrancar el juego y permitir el flujo de los recursos represados de manera unilateral según su mandato.

La participación de EE.UU., y demás países ha sido un gesto diplomático con Petro, pero todavía no se traduce en una decisión política sobre Venezuela.

Por ahora, Petro ha crecido en su liderazgo movilizando voluntades poderosas. Queda por ver si el efecto llega a las políticas reales sobre Venezuela o si se queda aislado en los pasillos de la diplomacia occidental.

Con información de RT