La nueva ola de medidas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump ha desencadenado una crisis sin precedentes en el mercado laboral estadounidense. La cancelación del programa de “parole humanitario”, que otorgaba permisos de trabajo a migrantes de países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, ha dejado sin empleo a miles de trabajadores y amenaza con frenar el crecimiento económico del país.
Estas políticas, que el propio gobierno denomina una “mano dura contra la inmigración ilegal”, están teniendo consecuencias devastadoras en sectores clave de la economía: agricultura, servicios, construcción y salud, además de afectar directamente la estabilidad de comunidades enteras que dependían del trabajo migrante
Trabajadores vulnerables: historias humanas detrás de la crisis
María, una migrante venezolana de 48 años, limpiaba escuelas en Florida por 13 dólares la hora. Con su modesto salario de 900 dólares quincenales, mantenía a su hijo de 11 años y compartía vivienda con otras cinco familias. Todo cambió en agosto, cuando su empleador le comunicó que ya no podía seguir trabajando debido a la cancelación de su permiso temporal.
“Me siento desesperada. Solo tengo 5 dólares en mi cuenta. Me quedé sin nada”, contó María bajo anonimato por temor a ser deportada. Su historia refleja la situación de miles de inmigrantes que han perdido su fuente de ingresos tras las recientes órdenes ejecutivas de Trump.
Los inmigrantes en Estados Unidos, documentados o no, han sido históricamente el motor silencioso de la economía: limpian escuelas, recogen cosechas, cuidan a personas mayores y participan en sectores que los trabajadores nativos suelen evitar. Sin embargo, la actual política de deportaciones masivas amenaza con desmantelar esa estructura laboral esencial.
Economistas advierten sobre el impacto: “Los inmigrantes son buenos para la economía”
Diversos expertos han alertado que las decisiones de Trump están generando un efecto dominó que podría ralentizar la economía estadounidense.
El economista Lee Branstetter, de la Universidad Carnegie Mellon, explicó que la inmigración fue clave para evitar una recesión en los últimos años:
“Gracias a la alta inmigración entre 2020 y 2024, el aumento inflacionario no fue tan grave como muchos esperaban. Los inmigrantes ayudaron a estabilizar los precios y a sostener la producción”.
Un estudio de la Brookings Institution y el American Enterprise Institute proyecta que, si continúa la reducción de trabajadores extranjeros, el crecimiento mensual del empleo podría caer a cero o volverse negativo.
De hecho, la contratación ya muestra señales de desaceleración: entre junio y agosto de 2025 se generaron apenas 29.000 empleos mensuales, en contraste con los 400.000 que se creaban en promedio durante el auge pospandemia.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) redujo su pronóstico de crecimiento económico anual del 1,9% al 1,4%, atribuyendo parte de esta caída a la crisis migratoria y a la incertidumbre comercial.
Las empresas sienten el golpe: falta de personal y despidos inevitables
En el estado de Virginia, Goodwin Living, una organización que ofrece atención médica y servicios a adultos mayores, se vio obligada a despedir a cuatro empleados haitianos tras la revocatoria de sus permisos de trabajo.
“Fue un día muy difícil para todos”, dijo su director general, Rob Liebreich. “Todavía tenemos dificultades para cubrir esas vacantes. Necesitamos a todas esas manos”.
De los 1.500 empleados de la institución, el 60% son inmigrantes. Sin ellos, aseguran, no podrían mantener sus operaciones. Esta misma realidad se repite en hospitales, asilos, restaurantes y empresas de mantenimiento en todo el país.
El ICE se fortalece y la represión se intensifica
El presidente Trump firmó el 4 de julio la llamada “Ley de Seguridad Migratoria y Laboral”, un ambicioso plan que destina 150.000 millones de dólares a reforzar la aplicación de las leyes migratorias. De ese monto, 46.500 millones se usarán para contratar 10.000 nuevos agentes del ICE y 45.000 millones para ampliar los centros de detención.
El resultado: allanamientos masivos en fábricas, obras de construcción y plantas industriales.
Uno de los casos más controvertidos ocurrió en una planta de baterías de Hyundai en Georgia, donde agentes migratorios detuvieron a 300 trabajadores surcoreanos, varios de ellos encadenados, en medio de una operación transmitida por medios locales.
El incidente generó una crisis diplomática con Corea del Sur. El presidente Lee Jae Myung advirtió que este tipo de acciones “ponen en riesgo la inversión extranjera y la cooperación tecnológica con Estados Unidos”.
El campo estadounidense, en riesgo por falta de trabajadores
Los agricultores, tradicionalmente aliados de Trump, también comienzan a resentir las consecuencias.
John Boyd Jr., fundador de la National Black Farmers Association, denunció que las redadas migratorias están dejando sin mano de obra al campo:
“El ICE está acorralando a nuestra gente. Trump los llama asesinos o narcotraficantes, pero son quienes hacen el trabajo que muchos estadounidenses no quieren hacer”.
Boyd agregó que los nuevos requisitos laborales para beneficiarios de Medicaid —que los obligan a trabajar en el campo para mantener su seguro médico— son irrealistas:
“La gente de la ciudad no va a volver al campo. No están acostumbrados a trabajar a 38 grados de calor. Se necesita un tipo especial de persona para eso”.
El propio Departamento del Trabajo (DOL) reconoció en un informe del 2 de octubre que la escasez de inmigrantes “amenaza la estabilidad de la producción nacional de alimentos y eleva los precios al consumidor”.
Estados Unidos pierde atractivo para el talento extranjero
Las restricciones no afectan solo a los trabajadores de bajos ingresos. Trump también ha anunciado un aumento histórico en la tarifa de las visas H-1B, destinadas a profesionales calificados extranjeros: de 215 dólares a 100.000 dólares.
El economista Dany Bahar, del Center for Global Development, advirtió que esta medida “envía un mensaje de exclusión al talento internacional”.
“Una tarifa de 100.000 dólares no es solo un costo, es una señal. Le dice al mundo que el talento extranjero no es bienvenido”, afirmó Bahar.
Como consecuencia, muchos profesionales altamente calificados están emigrando a Canadá, Reino Unido y Europa, reduciendo la capacidad innovadora de Estados Unidos y afectando su liderazgo tecnológico global.
Un país dividido entre la seguridad y la necesidad de mano de obra
La represión migratoria de Trump ha generado una fuerte división política y social. Mientras algunos sectores aplauden las medidas como una defensa de los empleos nacionales, otros alertan sobre el daño estructural que provocarán a largo plazo.
Los expertos coinciden: sin inmigrantes, la economía estadounidense se vuelve más lenta, más cara y menos competitiva.
Miles de empresas —desde granjas hasta hospitales— enfrentan vacantes imposibles de llenar, y millones de familias migrantes viven con el temor diario de perder su sustento.
En palabras de un empresario de Texas:
“La economía estadounidense necesita a los inmigrantes. Trump puede ganar un punto político, pero está perdiendo una nación productiva”.