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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó este lunes su preocupación por una alarmante ola de detenciones de mujeres y niñas en Afganistán, bajo el argumento de haber incumplido el estricto código de vestimenta islámico impuesto por el régimen talibán.
Entre los días 16 y 19 de julio, se reportaron numerosos arrestos en la capital afgana, Kabul, por parte de las autoridades talibanes, quienes alegan que las detenidas no cumplían adecuadamente con el uso del hijab o pañuelo islámico. La misión de la ONU en ese país calificó estas acciones como una grave violación a los derechos humanos, advirtiendo que estos actos refuerzan un clima de represión, miedo e invisibilización sistemática de las mujeres afganas.
“Estos incidentes contribuyen a crear un entorno hostil, erosionan la confianza pública y profundizan el aislamiento de mujeres y niñas en la sociedad afgana”, señaló el organismo en un comunicado oficial.
Imposición del burka total y restricciones a la vida pública femenina
Desde su regreso al poder en 2021, los talibanes han restringido severamente los derechos de las mujeres, aplicando políticas ultraconservadoras que las excluyen progresivamente del espacio público. En mayo de 2022, se decretó la obligación de cubrirse completamente en público —preferiblemente con burka de pies a cabeza, permitiendo únicamente la visibilidad de los ojos—, además de prohibirles mostrar el rostro en espacios abiertos.
Estas normas forman parte de un amplio sistema de leyes morales impuestas por el régimen talibán, que han restringido además el acceso femenino a la educación secundaria y universitaria, al trabajo, a los espacios recreativos e incluso al transporte sin compañía masculina.
Corte Penal Internacional emite órdenes de arresto contra líderes talibanes por crímenes de género
En un hecho sin precedentes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió recientemente órdenes de arresto internacionales contra las máximas figuras del gobierno talibán por su papel directo en la represión sistemática de las mujeres afganas.
Las órdenes están dirigidas contra el líder supremo talibán, Hibatullah Akhundzada, y el presidente de la Corte Suprema de Afganistán, Abdul Hakim Haqqani, quienes son acusados de implementar políticas de persecución por motivos de género y por dirigir un sistema que castiga no solo a las mujeres, sino también a quienes defienden sus derechos.
“Estas órdenes representan un hito histórico y un reconocimiento al sufrimiento de las mujeres afganas. Constituyen una clara señal de que los crímenes de género no quedarán impunes”, declaró la fiscalía de la CPI en La Haya.
Los cargos también abarcan la persecución de individuos por identidad o expresión de género, y por razones políticas hacia quienes han sido identificados como aliados de las causas femeninas, en una clara violación del Derecho Internacional Humanitario.
Una crisis de derechos humanos sin precedentes
La situación en Afganistán se ha convertido en un símbolo global del retroceso de los derechos femeninos. La ONU, organismos internacionales de derechos humanos y diversas ONGs han reiterado la necesidad de ejercer presión internacional para frenar la opresión institucionalizada contra las mujeres y niñas en ese país.
A pesar del temor de represalias, cientos de activistas afganas dentro y fuera del país han alzado la voz en redes sociales y foros internacionales denunciando esta realidad, y clamando por una acción global más contundente.
