Familiares de personas consideradas presos políticos en Venezuela cumplieron 48 horas en huelga de hambre este lunes frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Boleíta, Caracas, conocida como Zona 7. La manifestación busca exigir la liberación inmediata y sin restricciones de sus parientes detenidos por motivos políticos.
La acción se desarrolla en paralelo a la huelga iniciada días atrás por los propios reclusos dentro del centro de detención, según informó el Comité para la Libertad de Presos Políticos (ClippVe), que ha difundido actualizaciones sobre la protesta a través de redes sociales.
Deterioro de salud entre las manifestantes
De acuerdo con reportes de la agencia EFE, al menos dos mujeres han presentado complicaciones de salud desde el inicio de la huelga. Una de ellas se desmayó en dos ocasiones y mostró signos de debilidad cada vez que intentaba ponerse de pie. Otra manifestó dolor de cabeza y alteraciones en la presión arterial.
Durante la noche, personal médico suministró suero intravenoso a una de las participantes mientras permanecía recostada en una colchoneta. A varias manifestantes también se les practicaron controles de tensión arterial para monitorear su estado físico.
Reacciones políticas y señalamientos
El partido opositor Primero Justicia responsabilizó públicamente al Ejecutivo por cualquier afectación que puedan sufrir los familiares en protesta, señalando la necesidad de atender sus demandas y revisar los casos de los detenidos.
Por su parte, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 444 excarcelaciones de personas consideradas presos políticos desde el pasado 8 de enero hasta el 15 de febrero. Sin embargo, la organización aclaró que no contabiliza como liberaciones aquellos casos en los que la persona continúa bajo arresto domiciliario tras salir del centro de reclusión.
Casos recientes y situación actual
Entre los excarcelados se encuentran dirigentes opositores como Juan Pablo Guanipa y el abogado Perkins Rocha. No obstante, ambos permanecen bajo medidas cautelares; en el caso de Guanipa, fue nuevamente privado de libertad el mismo día de su salida, tras ser acusado de incumplir condiciones judiciales.
La protesta en la Zona 7 ocurre en un contexto de tensión política y debate nacional sobre las detenciones por motivos políticos y los procesos de revisión judicial. Organizaciones de derechos humanos han reiterado la importancia de garantizar el debido proceso, la integridad física de los detenidos y el respeto a los derechos fundamentales.
Mientras tanto, los familiares aseguran que mantendrán la huelga hasta obtener respuestas concretas de las autoridades.