La mayoría de los presos políticos en Venezuela son militares, según el registro del Foro Penal

El registro del Foro Penal indica que más del 50% de los prisioneros políticos en Venezuela son militares. En total, hay 277 detenidos, de los cuales 127 son civiles y 150 son uniformados. Aproximadamente 162 de ellos aún esperan una decisión del tribunal. Desde 2014, se han producido 15,777 detenciones políticas en el país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones y los familiares de los detenidos políticos solicitaron recientemente el apoyo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien visitó el país en enero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también exhortó al régimen venezolano a tomar medidas para reconstruir la democracia y a no aprobar una ley que regule el funcionamiento de las ONG.

La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión instan a Venezuela a abstenerse de aprobar cualquier legislación que limite el derecho de asociación y la libertad de expresión. El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó una ley que regula el funcionamiento de las ONG en enero, pero la segunda votación aún está pendiente.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y familiares de detenidos considerados presos políticos pidieron recientemente al alto comisionado de DDHH de la ONU, Volker Türk, quien visitó el país entre el 26 y 28 de enero, un mayor apoyo a sus casos, ante las violaciones a los DDHH que -denunciaron- sufren estos privados de libertad.

Al finalizar su visita, Türk anunció que su oficina tendrá presencia dos años más en Venezuela “para que pueda continuar su labor de promoción de la agenda de derechos humanos”, una decisión que la sociedad civil y ONG esperan que se traduzca en mayores denuncias contra los atropellos, lo que, aseguran, ha faltado hasta ahora.

En otro orden, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió este lunes al régimen venezolano que no ratifique una ley que regulará el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y que, por el contrario, adopte medidas para “reconstruir la democracia”.

“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, aseguran la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).

Por eso “instan a que Venezuela se abstenga de aprobar cualquier tipo de legislación o reglamentación que limite arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés públicos” y le piden que tome “medidas dirigidas a reconstruir la democracia y el estado de derecho”.

El 24 de enero, el Parlamento venezolano dominado por el chavismo aprobó, en primer debate, una ley que regulará el funcionamiento de las ONG. La segunda votación está pendiente y sin fecha.